Minuta admisibilidad proyecto de ley que establece un descanso compensatorio y …

Minuta admisibilidad proyecto de ley que establece un descanso compensatorio y un fuero laboral para las trabajadoras y los trabajadores de la salud en contexto de pandemia.

La Secretaría de la Cámara de Diputados ha informado la inadmisibilidad de la propuesta basándose en dos normas de la Constitución, contenidas en el artículo 65 inciso cuarto números 4 y 6. El informe de admisibilidad señala de manera textual:
“La admisibilidad de la moción debe ser analizada a la luz de lo dispuesto en la Constitución Política, en su artículo 65, inciso cuarto, números 4 y 6, que establecen que son materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República aquellos proyectos de ley que: fijen, modifiquen o concedan beneficios o emolumentos de cualquier clase al personal en servicio de la administración pública o de las municipalidades (N°4); y que establezcan o modifiquen normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado(N°6).”
Como bien señala el informe, la moción, propuesta y solicitada por los gremios de la salud que han enfrentado decididamente la pandemia, establece 3 beneficios para trabajadores y trabajadoras de la salud: i) un fuero laboral hasta un año después de terminada la pandemia; (ii) un descanso adicional de catorce días hábiles en el período de dos años; y (iii) una prohibición de computar las licencias médicas vinculadas a COVID-19, estrés o salud mental, para efectos de declarar salud incompatible con el cargo.

  1. Sobre el establecimiento de beneficios al servicio de la administración pública o de las municipalidades (art. 65 Nro 4).
    En primer lugar, el informe de la secretaría de la cámara cita parcialmente el numeral 4 del artículo 65 de la Constitución, omitiendo señalar el tipo de beneficio al cual se refiere. Así el texto real y completo del numeral 4 es el siguiente:
    Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración Pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, con excepción de las remuneraciones de los cargos indicados en el inciso primero del artículo 38 bis, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes;
    Esto significa sin lugar a duda que la iniciativa exclusiva establecida en los beneficios pecuniarios, con contenido económico y relacionados con sueldos y prestamos y no con cualquier tipo de beneficio, como pretende la secretaría. Recordemos que la regla general en materia de iniciativa es la iniciativa del congreso, y las materias exclusivas son sólo excepciones a dicha norma, y por lo tanto no se pueden extender mas allá del texto.Hay que señalar que si al hablar de “préstamos o beneficios” se pretende incluir a cualquier beneficio que no tenga un contenido económico, es desnaturalizar el texto constitucional, y de hecho la primera parte ejemplifica con un listado de beneficios los cuales son todos de contenido remuneracional o económico. (Por ejemplo, siguiendo la interpretación de la Mesa, sería de iniciativa exclusiva del presidente el establecer homenajes como podría ser una ley que estableciese el “día de los trabajadores de la salud” porque se crearía un beneficio no pecuniario ni de orden económico)
    A raíz de un de una indicación del entonces Senador Hernán Larraín (hoy ministro de justicia) para aumentar las penas de los delitos cometidos por adolescentes se acusó la inconstitucionalidad y se resolvió argumentando de manera totalmente aplicable al presente caso (argumento recogidos por la doctrina constitucionalista e incluso por la jurisprudencia
    del Tribunal Constitucional):
    1) La iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de ley constituye una excepción a la regla general, por lo tanto, sólo puede ser interpretada restrictivamente. Si así no se entendiera podría llegar a desvirtuarse del todo la función principal del Congreso Nacional y el ejercicio de la soberanía que se cumple a través de éste.
    2) Se debe analizar el núcleo de la propuesta, su contenido esencial o, como habla el TC, su objeto central. Si el objeto central es la modificación presupuestaria, o de cualquier materia que sea iniciativa exclusiva entonces se deberá declarar inadmisible. Si la moción no tiene por objeto central modificar o referirse a alguna materia de iniciativa exclusiva presidencial, no corresponde declarar inadmisible las indicaciones o mociones parlamentarias.
    3) Si las mociones constituyen únicamente un “efecto colateral” en las facultades presidenciales, la indicación o moción será admisible. El propio TC reconoce que hay modificaciones o proyectos que pueden por ejemplo generar gastos, pero, agrega,
    que eso ocurra no significa que la propuesta sea siempre inadmisible. Los parlamentarios tienen atribuciones para presentar indicaciones o mociones que tengan consecuencias indirectas, que no están destinadas materias de iniciativa exclusiva pero que eventualmente podrían afectarlo por su aplicación. Por tanto, el proyecto al generar un beneficio de orden no remuneracional ni relacionado con un contenido económico, no hace uso de la iniciativa exclusiva ni incide en materias propias
    de remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración Pública y demás
    organismos y entidades anteriormente señalados, y la interpretación extensiva referida a que cualquier beneficio, sea económico o no sólo puede ser propuesto por el presidente de la república, no es coherente con la práctica legislativa ni con el sentido del artículo 65. Hay proyectos que versan sobre beneficios que inciden en trabajadores y trabajadoras tanto del mundo privado como de la administración pública que no han sido objeto de inadmisibilidad:
    a) Boletín N°12427-13 Modifica el Código del Trabajo para proteger los derechos de las trabajadoras durante la tramitación y uso de los permisos asociados al descanso de maternidad. (Marcela Sabat, Loreto Carvajal, Daniella Cicardini, Marcela Hernando,
    María José Hoffmann, Karin Luck, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Virginia Troncoso, Camila Vallejo)
    b) Boletín N° 9328-13 Modifica Código del Trabajo, con el objeto de permitir el traslado del período de descanso prenatal, a postnatal. (Jaime Bellolio, Felipe De Mussy, María José Hoffmann, Joaquín Lavín, Javier Macaya, Patricio Melero, Andrea Molina, Claudia Nogueira, Marisol Turres, Felipe Ward)
  2. Sobre el establecimiento o modificación de normas sobre seguridad social (art. 65 Nro. 5).
    El informe de la secretaría señala que las materias sobre fuero laboral son del ámbito de la seguridad social y por lo tanto serían de iniciativa exclusiva, por cuanto la seguridad social sería omnicomprensiva y abarcaría todas las normas sobre protección ante el desempleo y salud en el trabajo. Esta interpretación amplia de la seguridad social esconde una interpretación amplia de la iniciativa exclusiva, contra la correcta manera de entender la labor parlamentaria.
    En primer lugar, la definición de seguridad social para efectos de la iniciativa exclusiva conforme se desprende del numeral 18° del artículo 19 de la Carta Fundamental, en relación con sus artículos 63, N° 4, y 65, inciso cuarto, N° 6, dice relación con la
    cobertura de ciertos estados de necesidad a través de determinadas prestaciones o servicios, solventadas con equivalentes cotizaciones o aportes, no con el establecimiento de derechos laborales. Si uno siguiera la interpretación de la Secretaría
    de la Cámara, necesariamente tendría que concluir que la existencia de contrato de trabajo, o las causales de término de la relación de trabajo artículo 159, en tanto protegen a los trabajadores ante la contingencia del desempleo, son normas de seguridad social y por lo tanto de iniciativa exclusiva. Nada más equivocado.
    El que las normas sobre fuero sean de iniciativa exclusiva se ha descartado reiteradamente, señalándose que corresponde a materias relativas al contrato de trabajo y a derechos laborales las que no están reservadas al presidente de la República. En ese sentido podemos mencionar iniciativas de parlamentarios sobre la materia, incluyendo leyes actuales que se iniciaron desde mociones parlamentarias que han creado fuero:
    a) Boletín 11406-13 que Modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, en las condiciones de los diputados Bernardo Berger, René Manuel García, Felipe
    Kast, Paulina Núñez, Diego Paulsen, Jorge Rathgeb, Karla Rubilar, Marcela Sabat y Alejandro Santana que ahora es la Ley 21119
    b) Boletín 11754-13 Proyecto de Ley que Modifica el Código del Trabajo, para extender la duración del fuero laboral, en caso de fallecimiento de las personas vinculadas al trabajador que se indican, moción de los diputados Santana y Fuenzalida, declarada
    admisible.
    Es decir, la iniciativa parlamentaria sobre fuero de funcionarios de la Administración (como lo son las funcionarias de las FFAA en el caso de la ley de fueron maternal) es totalmente admisible y así ha sido reconocido por esta cámara, por el senado e incluso por el Tribunal Constitucional.